La obra Saraos Uranistas agotó funciones y recuperó un término nacido en los archivos policiales de principios del siglo XX. Esta nota reconstruye la historia detrás de esa palabra y el largo camino que la llevó del subsuelo gubernamental al escenario porteño.
Por Dante Cavallo
La larga fila que se forma en el hall del “Galpón de Guevara” – cerca del centro geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – se disuelve detrás de unas rojas cortinas que dan paso a una curiosa sala de butacas escalonadas, telón verde y un pizarrón negro de tiza donde, entre corcheas dibujadas a mano, se lee en mayúsculas “SARAOS URANISTAS”. Con funciones agotadas y un boca en boca que no deja de crecer, la obra escrita y dirigida por Juanse Rausch se consolidó como uno de esos raros fenómenos de la escena independiente porteña: un título incómodo, una apuesta estética ecléctica y una sala repleta de espectadores dispuestos a dejarse arrastrar por una propuesta refrescante.
Sobre el escenario, al compás de un piano en vivo, con monólogos estrafalarios, cambios de personaje ocurrentes y un vestuario sublime, Saraos Uranistas te invita a un cabaret de «locas» del que es difícil salir una vez terminada la obra. El virtuosismo visual sostiene un relato que recupera las sociabilidades disidentes de principios del siglo XX, basado en archivos de psiquiatría y notas periodísticas de aquella época.
Este antiguo material de archivo logró ser reapropiado e interpretado bajo paradigmas culturales contemporáneos. Lo que alguna vez formó parte de la historia criminológica argentina, hoy nos obliga a revisar el recorrido que hizo posible llegar a conquistas más cercanas a la actualidad, como la Ley de Identidad de Género o el matrimonio igualitario. Y es precisamente ahí donde la obra abre una pregunta crucial: ¿Qué revela este fenómeno teatral sobre la historia de aquellas personas que quedaron sepultadas, entre tantos otros expedientes, en los subsuelos de los grandes edificios gubernamentales?
Esa pregunta ya había intrigado al dramaturgo argentino Gonzalo Demaría, quien en su libro Cacería desciende —literal y simbólicamente— a esos subsuelos documentales donde el Estado archivó vidas bajo la categoría de escándalo. A partir del célebre caso de los cadetes de 1942, Demaría reconstruye cómo la maquinaria policial y judicial convirtió la disidencia sexual en asunto de seguridad nacional. Su investigación deja en evidencia algo incómodo pero fundamental: los primeros registros de la homosexualidad en Argentina no nacen del orgullo ni de la militancia, sino del control, la persecución y la clasificación. Es allí, en esos papeles mecanografiados y fichas amarillentas, donde comienza a trazarse una genealogía queer que precede —y explica— nuestras conquistas contemporáneas.
Para entender cómo se construyó ese archivo, hay que retroceder algunas décadas y situarse en el Buenos Aires de comienzos del siglo XX. La ciudad se pensaba a sí misma como una capital moderna en plena construcción. Las avenidas se ensanchaban, los edificios públicos imitaban estilos europeos y la élite dirigente miraba a París como faro cultural y moral. El nuevo siglo prometía progreso, higiene y civilización, trayendo consigo una creciente obsesión por el orden y el status quo.
En esa ciudad que quería parecer europea no solo se organizaron calles y fachadas: también se empezaron a clasificar los cuerpos – concepto luego estudiado por Michel Foucault en su libro «Vigilar y Castigar» (1975). La misma lógica que buscaba higienizar el espacio público pretendió definir qué conductas eran aceptables y cuáles debían corregirse. Bajo el discurso de la ciencia y el avance, las diferencias sexuales dejaron de ser rumor urbano para convertirse en objeto de diagnóstico, medición y vigilancia. «El momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés» explica Foucault en 1975.
En ese contexto, las corrientes europeas de higienismo y criminología positivista encontraron terreno fértil en la Argentina. Influenciados por pensadores italianos y franceses, intelectuales locales —con figuras como José Ingenieros marcando el clima de época— promovían la idea de que la ciencia podía identificar y corregir las desviaciones sociales. El cuerpo se volvió objeto de medición y diagnóstico; la conducta, materia clasificable. Así comenzaron a circular términos como “invertido” y “uranista”, categorías pretendidamente científicas que convertían la diferencia sexual en anomalía registrable.
En ese entramado, el lenguaje no fue un detalle menor sino una herramienta central de poder. Las categorías médicas y criminológicas no se limitaron a describir conductas: las definieron, las delimitaron y las institucionalizaron. Nombrar como “invertido” o “uranista” implicaba inscribir a una persona dentro de un régimen de saber que establecía una frontera clara entre lo normal y lo patológico. El término operaba como diagnóstico dentro de un marco jurídico y social. De ese modo, los llamados «higienistas» – una suerte de médicos que, bajo la bandera de la salud pública y el progreso, buscaban regular conductas y moralizar la vida urbana – desarrollaron una serie de lógicas, entendiendo a la sociedad como un organismo a sanear, clasificando y corrigiendo aquello considerado un desvío.
Sin embargo, lejos de los despachos y las academias, en las calles, plazas y estaciones de tren, en los bares, teatros y restaurantes, continuaban entretejiéndose discretas sociabilidades que escapaban – al menos por momentos – la mirada moralista de los gobernantes. La modernidad que pretendía ordenar también generaba zonas de ambigüedad: espacios donde la vigilancia no llegaba del todo y donde el encuentro podía darse en silencio.
En ese mapa urbano, un concepto clave fue el del yire. Palabra del lunfardo porteño – derivada del italiano girare – aludía a caminar, circular, deambular por la ciudad con una intención apenas insinuada. El yire era una práctica: dejarse ver y reconocer a otro en una mirada sostenida un segundo más de lo habitual, medir el clima antes de acercarse. La calle así se volvía un espacio en donde «las locas» podían encontrarse para luego desaparecer en las intimidades de algún conventillo abandonado o burdel cercano – o, para aquellas más suertudas, en algún departamento o petit hotel del barrio francés, pues algo muy característico de la comunidad homosexual de aquel entonces, es que lograba disipar los protocolos y roles de clase en su desnuda clandestinidad.
En ese entramado, el territorio importaba. El Bajo, las inmediaciones de Retiro, los alrededores de Plaza Italia o ciertos tramos oscuros de parques y estaciones funcionaban como puntos de referencia tácitos. También los carnavales – con su licencia temporal para el disfraz – y los baños públicos, convertidos en espacios de encuentro fugaz o cruising. Se trataba de escenarios precarios, atravesados por el riesgo constante de la redada, donde la cautela y la astucia eran clave, especialmente a la hora de acercarse a un desconocido.
En ese circuito no había siglas, ni consignas, ni marchas multitudinarias. Tampoco una identidad política articulada como la conocemos hoy. Lo que existía eran redes informales, vínculos tejidos en la repetición del encuentro, solidaridades silenciosas y códigos compartidos. Era una comunidad sin bandera visible, sostenida más por la necesidad de apañe mutuo que por una narrativa pública de derechos. Esa misma invisibilidad que permitía sobrevivir sería, más adelante, el argumento perfecto para convertirla en escándalo.
Con el golpe de 1930, ese equilibrio precario comenzó a tensarse. La irrupción del nacionalismo conservador trajo consigo una moralización explícita del espacio público y una exaltación de la disciplina, la virilidad y el orden como valores de Estado aún más rígidos. En ese nuevo clima, lo ambiguo ya no era apenas tolerado en los márgenes: empezaba a leerse como síntoma de decadencia, como amenaza al cuerpo de la nación.
De todas formas, no fue hasta 1942 que la represión llegó a su cumbre con el llamado escándalo de los cadetes. Jóvenes del Colegio Militar quedaron involucrados en una red de encuentros homosexuales que quedaron registrados en una serie fotográfica de desnudos. Lo que hasta entonces circulaba en cafés y restaurantes se transformó en noticia de alcance nacional. Los nombres se filtraron, los rumores crecieron y el caso se convirtió en espectáculo público. La homosexualidad dejó de ser una práctica clandestina en rincones de la ciudad para aparecer como problema institucional dentro de una de las estructuras más emblemáticas del poder estatal.
Entre los nombres que emergieron, el que mayor escándalo provocó fue el de Jorge Horacio Ballvé Piñero. El joven fotógrafo de clase alta – autor de una serie de más de doscientas imágenes de hombres, algunos vestidos, otros desnudos – fue imputado por corrupción de menores y asociación ilícita. Como explora Gonzalo Demaría en su libro Cacería, esas figuras penales funcionaron como herramientas para concentrar la responsabilidad del escándalo en un solo cuerpo y proteger la imagen institucional del Colegio Militar. Ballvé Piñero era de la misma edad que los cadetes fotografiados, o como él los llamaba: sus levantes – todos retratados de manera consensuada. Sin embargo, en la narrativa pública alguien debía encarnar la figura del corruptor: el fotógrafo, señalado por su orientación sexual, resultó el blanco más funcional.
El suceso consolidó la idea de una red organizada que debía ser desarticulada y amplificó el clima de persecución. En un contexto atravesado por la Segunda Guerra Mundial, con discursos nacionalistas que exaltaban disciplina, moral y virilidad, la homosexualidad comenzó a leerse como amenaza interna. Demaría señala que la época estaba marcada por simpatías y tensiones ideológicas vinculadas al nazismo en ciertos sectores del poder, lo que reforzó un imaginario de “degeneración” y enemigo moral. El caso Ballvé no fue un hecho aislado, sino el punto de inflexión que habilitó una de las mayores campañas represivas contra homosexuales en la Argentina.
Revisitar esa historia, para una generación que creció con derechos conquistados y debates públicos más abiertos, entender de dónde vienen estas luchas permite dimensionar cuánto costó que dejaran de ser una condena. A su vez, con los crecientes discursos de odio y la demonización de lo «woke«, estudiar y visibilizar experiencias lgbt históricas – aquellas previas a las grandes conquistas de derechos – permiten demostrarle a la sociedad que estas personas siempre estuvieron aquí.
Que hoy una sala agote funciones con la palabra “uranista” no es solo un éxito teatral. La resignificación no borra el pasado, pero lo desplaza: convierte una etiqueta patologizante en un signo de memoria compartida. Entre los subsuelos gubernamentales y el escenario del Galpón de Guevara hay más que un siglo de distancia: hay una transformación cultural que todavía estamos aprendiendo a nombrar. Y quizá el próximo paso no sea solo celebrar estos pequeños pasos, sino animarnos a mirar de frente esos archivos que aún permanecen cerrados, para que la historia deje de estar sepultada y pueda, finalmente, contarse completa.